Uno de los principios de la democracia es la pluralidad política que en pocas palabras es que todas las personas que hacen parte de una comunidad política tienen el derecho a expresar sus opiniones y sus puntos de vista, y tienen además, el derecho a que dichas opiniones se debatan con las de otras personas en igualdad de condiciones. Es por ello que en la democracia se pueden expresar incluso ideas clasistas, autoritarias, racistas, sexistas u homofóbicas. Las personas que expresan este tipo de creencias son ciudadanos y ciudadanas que pueden defender sus puntos de vista dentro del margen institucional-legal. Este razonamiento tropieza sin embargo, con el hecho de que muchas de estas personas, tienen además poder político, económico y/o social; lo que hace que las ideas contrarias tengan menos difusión o aceptación. Esto en el campo de la ciudadanía abstracta.
Ahora en el campo de la política real, el hecho de que ciertas personas busquen no sólo defender o difundir su clasismo, racismo, sexismo u homofobia sino que traten de imponerlos como norma porque ocupan un cargo público es inadmisible. Colombia es un Estado laico por tanto, la salud y la vida de las mujeres no puede seguir estando en riesgo por la burda imposición de valores retrógrados, además de irrespetuosos de las leyes que ha ido produciendo el Estado colombiano. El sexismo del procurador excede los márgenes de la opinión individual: trata de imponerlo como norma general, desde el cargo que ocupa y eso es intolerable. ¿Quién le pide cuentas al procurador? ¿Cómo se puede posicionar la necesidad de que sea declarado insubsistente?
Bombón
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